El diputado regional por el Partido Popular y anterior presidente de la Diputación Provincial, Benjamín Prieto, ha pedido a la Junta de Comunidades que abandone “su pasividad ante las agresiones constantes que sufren las vías pecuarias” en la región y garantice su uso público porque, dice son “itinerarios históricos que han marcado la identidad de nuestro territorio y han hecho posible el desarrollo y la prosperidad de una actividad económica como es la ganadería” y hay que defenderlas de ocupaciones, alteraciones e incluso supresiones, porque algunas de ellas han sido invadidas por cultivos y fincas particulares. Totalmente de acuerdo, pero yo añadiría más, porque no solo las vías pecuarias, o sea, cañadas y cordeles, sufren esos males, sino también los caminos rurales que por su propia naturaleza (y con apoyo de las leyes) son de uso público y, sin embargo, cada vez con más frecuencia, encontramos bloqueados porque alguien que vive cerca o tiene allí el huerto o la finca, considera que ese camino también es suyo y lo cierra a cal y canto, incluso con algún letrerito de prohibido el paso. Esto ocurre a la vista de todos, de manera que la autoridad competente lo tendría muy fácil para intervenir, pero no lo hace. Como en mis andanzas por la provincia me he encontrado más de una vez con esta situación, que me ha impedido llegar a donde quería ir, intenté conseguir una intervención oficial encaminada a hacer cumplir la ley y facilitar el libre tránsito por esos caminos, recibiendo una respuesta peregrina: que presentara una denuncia. O sea, dije, que mientras ustedes están tranquilamente sentados en un despacho, yo tengo que ir al juzgado, poner una denuncia personal, buscarme un abogado e ir con toda seguridad a un juicio que servirá para ganarme un enemigo. Se encogieron de hombros. Es lo que hay, dijeron. Porque la autoridad competente no tiene ganas de intervenir en una cosa tan sencilla como hacer que se cumplan les leyes.
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